Adhesión al manifiesto por el fin de los controles policiales racistas
La Confederación Intersindical ha anunciado su adhesión al manifiesto “Por el fin de los controles policiales racistas. Parad el racismo y no a las personas”, impulsado por colectivos sociales y organizaciones en el marco del 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial.
Desde la organización sindical entendemos que el Estado español mantiene un problema estructural con el racismo, agravado por la falta de reconocimiento institucional que dificulta afrontarlo de manera efectiva. Este racismo no solo se expresa en el ámbito social, sino también en prácticas administrativas e institucionales que afectan al acceso a derechos básicos como la vivienda, la educación, la sanidad o la documentación de personas en situación administrativa irregular.
En este contexto, la Confederación Intersindical pone el foco, junto al resto de organizaciones firmantes, en una de las manifestaciones más visibles del racismo institucionalizado: los controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos, una práctica que constituye un problema endémico y que continúa siendo negado en el Estado español.
Además, considera que estas actuaciones no solo resultan ineficaces en la prevención de la delincuencia, sino que también generan desconfianza hacia las instituciones, afectan a la salud física y emocional de las personas afectadas y contribuyen a su criminalización y estigmatización social.
Entre las principales reivindicaciones recogidas en el manifiesto y respaldadas por la Confederación Intersindical se encuentran:
- La prohibición expresa en la legislación —especialmente en la Ley de Seguridad Ciudadana— del uso de perfiles raciales en las labores de parada e identificación policial.
- La obligación de motivar las actuaciones policiales mediante evidencias e informaciones objetivas.
- La implantación de formularios de identificación que permitan registrar y supervisar estas actuaciones.
- La creación de un mecanismo externo, público e independiente que supervise y sancione vulneraciones de derechos humanos en el ámbito policial.
La Confederación Intersindical considera que solo mediante medidas concretas y cambios normativos será posible erradicar prácticas discriminatorias que afectan a una parte importante de la ciudadanía. Por ello, hace un llamamiento a las instituciones públicas para que aprovechen el actual proceso de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para avanzar hacia un marco legal que garantice la igualdad real y efectiva.
MANIFIESTO:
21 de marzo, Día Internacional Contra la Discriminación Racial: Por el fin de los controles policiales racistas. Parad el racismo y no a las personas. #ParadElRacismo
El Estado español tiene un problema con el racismo, reforzado por una falta de reconocimiento que impide afrontarlo en su totalidad. Un racismo que va más allá de su expresión social y se agrava cuando proviene de Administraciones e instituciones que deberían velar por garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía.
Un racismo que es estructural y se manifiesta en todos los espacios de la vida. De esta forma, determina la división del trabajo, el acceso a vivienda, educación y sanidad; establece barreras administrativas en el acceso a empadronamiento o a la documentación de personas en situación administrativa irregular; priva de libertad en los llamados Centros de Internamientos de Extranjeros y aparece en las actuaciones cotidianas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).
En el Día Internacional Contra la Discriminación Racial, los colectivos y organizaciones firmantes de este manifiesto queremos poner el foco en esta última manifestación del racismo institucionalizado: los controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos. Un problema endémico, que es sistemáticamente negado en el Estado español.
Llevamos años denunciando no solo la existencia de esta práctica policial racista, sino sus consecuencias en las personas migrantes y racializadas o pertenecientes a grupos étnicos históricamente oprimidos que las sufren a diario. Una práctica que ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia u otros ilícitos y además cercena la confianza de los grupos afectados en las instituciones. Una práctica, en definitiva, que afecta a su salud física y emocional, limita libertades y sus derechos humanos, pero que también impacta en toda la sociedad, que ve cómo una parte importante de sus vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados.
Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos la implementación y puesta en marcha de las siguientes medidas, a fin de erradicar estas prácticas policiales racistas:
- Reconocer de forma clara y explícita el racismo y sus múltiples manifestaciones, como lo son el antigitanismo o la islamofobia estructural e institucional por parte de Administraciones públicas, autoridades políticas y FCS. En particular, de la existencia de perfilación racial y étnica en paradas e identificaciones policiales.
- Prohibir por ley orgánica de forma clara el uso de perfiles raciales en labores de parada, e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas.
- Implementar los llamados “formularios de identificación” en todas las FCS: una herramienta de registro de las actuaciones de parada e identificación que recoge, entre otros, la justificación y motivación de la actuación, el resultado de la misma y la apariencia étnico-racial de la persona afectada, la cual, además, recibe un justificante de la actuación policial sufrida y de la información para interponer quejas en caso de no estar conforme con la actuación.
- Estos formularios deberán diseñarse contando con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, principalmente grupos afectados. Dicha participación también ha de darse en la fase de supervisión de los resultados sistematizados obtenidos, así como en la revisión de la legislación, protocolos, órdenes, instrucciones y circulares, así como en la práctica en general que afecta a esta población.
- Por último, crear un mecanismo externo, público e independiente competente, que supervise, evalúe y sancione actuaciones policiales que vulneren derechos humanos.
Entendemos que solo con medidas y actuaciones concretas, y no con meras apelaciones a la no discriminación, es posible poner fin a prácticas que afectan a las vidas cotidianas de una parte importante de nuestra sociedad. Ahora, cuando se tramita la última modificación de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (denominada Ley Mordaza) es el momento de actuar. #ParadElRacismo
FORMULARIO DE ADHESIÓN Y LISTADO DE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES
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