La detención de Serigne Mbaye vuelve a poner de manifiesto la persistencia del racismo institucional en el Estado español
La detención de Serigne Mbaye, activista por los derechos humanos de origen senegalés, militante del Sindicato de Manteros y exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, el pasado 26 de marzo de 2026 a las puertas de su domicilio en el barrio madrileño de Villaverde constituye un grave episodio que vuelve a poner de manifiesto la persistencia del racismo institucional en el Estado español.
Según los testimonios conocidos, la actuación policial se produjo tras la denuncia de un vecino por un presunto robo y la supuesta búsqueda de “una persona negra”, lo que habría derivado en la identificación y posterior detención de Mbaye sin más fundamento que el color de su piel. El propio activista denunció los hechos como “racismo puro y duro” y como un ejemplo claro de la persecución cotidiana que sufren las personas racializadas. Una persecución que evidencia que, en demasiadas ocasiones, la presunción de sospecha sigue teniendo color.
La intervención policial provocó la indignación de vecinos y vecinas que salieron a la calle para mostrar su rechazo a lo que consideraban una detención injusta. La respuesta fue una actuación desproporcionada, con empujones, golpes con porras y nuevas detenciones. Seis personas más fueron arrestadas en un operativo que transformó una protesta vecinal legítima en un escenario de violencia policial. Finalmente, Mbaye fue puesto en libertad con cargos por un presunto atentado a la autoridad durante la madrugada del 27 de marzo.
El periodista de El Salto Martín Cúneo, también vecino y uno de los detenidos, describió los hechos como una situación “tremenda”, marcada por la brutalidad policial. Según su testimonio, los agentes golpearon y redujeron con extrema violencia a personas que simplemente trataban de impedir una detención que consideraban arbitraria, llegando incluso a mantener a un vecino con la cabeza presionada contra el suelo.
Desde la Confederación Intersindical denunciamos con firmeza estos hechos y señalamos directamente la responsabilidad política del Ministerio del Interior. No se trata de un caso aislado, sino de una muestra más de la persecución sistemática que sufren las personas negras y racializadas en nuestro país. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de derogación inmediata de la conocida como Ley Mordaza y reclamamos medidas urgentes para poner fin a las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales.
Frente al racismo institucional y la criminalización de la pobreza y la migración, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas y la igualdad real. Porque parar el racismo no puede seguir siendo una consigna: debe convertirse en una prioridad política y democrática.
