EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN LA SANIDAD PÚBLICA: PRIVATIZACIÓN, OPACIDAD Y MORTALIDAD EVITABLE.
Las políticas sanitarias impulsadas por gobiernos del Partido Popular (PP) en distintas comunidades autónomas han consolidado un modelo que, bajo el discurso de la “colaboración público-privada”, favorece progresivamente la externalización de servicios y el desvío de recursos públicos hacia empresas privadas. Diversos indicadores sanitarios y denuncias de profesionales y colectivos sociales apuntan a un deterioro estructural del sistema público de salud, con consecuencias directas sobre la calidad asistencial y, en algunos casos, sobre la mortalidad evitable.
Andalucía: una crisis oncológica bajo sospecha
En Andalucía, la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno ha quedado cuestionada por los datos relativos a la mortalidad por cáncer. Entre 2019 y 2024 se registraron 3.701 muertes más por tumores malignos de las esperadas en comparación con la media estatal. Entre ellas, destacan 820 fallecimientos adicionales por cáncer colorrectal y 275 por cáncer de mama, dos patologías vinculadas a programas de cribado preventivo que han sufrido importantes deficiencias organizativas.
El escándalo de los cribados de cáncer de mama —que dejó a alrededor de 2.000 mujeres sin recibir durante meses los resultados de sus pruebas diagnósticas— provocó una fuerte crisis política y sanitaria. La situación derivó en la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, mientras la Junta intentaba presentar el problema como un episodio puntual.
Sin embargo, las críticas apuntan a una causa estructural: la falta de recursos propios en el sistema público y la creciente dependencia de contratos con empresas privadas para realizar pruebas diagnósticas esenciales, incluidas mamografías. Todo ello contrasta con las reiteradas negaciones públicas del presidente andaluz sobre la magnitud de las derivaciones a la sanidad privada.
Madrid: listas de espera y opacidad institucional
En la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso afronta acusaciones de deteriorar deliberadamente la sanidad pública mediante infrafinanciación y privatización progresiva. Actualmente, más de un millón de personas (1.023.279) permanecen pendientes de atención hospitalaria.
Asociaciones en defensa de la sanidad pública denuncian prácticas de “maquillaje estadístico” y falta de transparencia institucional. Entre ellas, la exclusión de los pacientes que rechazan ser derivados a centros privados del cómputo oficial de listas de espera, lo que reduciría artificialmente las cifras reales de demora. En cirugía, las esperas superan ya los 114 días en numerosos casos.
La respuesta social continúa creciendo. Organizaciones vecinales, sindicatos, partidos y colectivos sanitarios han convocado movilizaciones y asambleas abiertas para preparar nuevas protestas en defensa del derecho universal a la salud y contra el deterioro del sistema público madrileño.
Este debilitamiento también afecta de forma directa al personal sanitario. España cuenta con una ratio de 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, lejos de la media europea de 8,5. La precariedad laboral, la sobrecarga asistencial y la falta de estabilidad están favoreciendo la emigración de profesionales, mientras las administraciones continúan promoviendo la externalización como respuesta a una crisis generada, según denuncian los sindicatos, por años de infrafinanciación.
Canarias: cuando las listas de espera cuestan vidas
La situación en Canarias refleja problemas similares. Diversos colectivos ciudadanos y plataformas sanitarias han denunciado que las demoras en la atención médica están teniendo consecuencias fatales para algunos pacientes que no recibieron tratamiento a tiempo.
Las críticas se intensificaron tras declaraciones institucionales que atribuían parte de la responsabilidad a la supuesta “pasividad” de los propios pacientes durante sus procesos asistenciales, unas afirmaciones calificadas de “cínicas” por organizaciones sociales y familiares afectados.
Vulnerabilidad social y deterioro de la salud pública
Las deficiencias del sistema sanitario también impactan especialmente sobre los sectores más vulnerables. Diversos análisis epidemiológicos alertan de que la denominada “ventaja de salud” inicial de la población inmigrante se está reduciendo progresivamente en España debido a la precariedad laboral, la exclusión social y las dificultades de acceso efectivo a servicios públicos esenciales.
Esta evolución evidencia la incapacidad de las políticas actuales para desarrollar estrategias preventivas sólidas y respuestas de salud pública capaces de evitar el aumento de enfermedades crónicas y desigualdades sanitarias.
Censura y respuesta social
La reacción política frente a las críticas también ha generado polémica. En distintos municipios —desde grandes ciudades como Sevilla hasta localidades más pequeñas como Fuente Tójar, en Córdoba— se prohibió la proyección del documental Salud no responde, una obra crítica con el deterioro de la sanidad pública. Las administraciones alegaron motivos electorales, aunque colectivos ciudadanos denunciaron un intento de censura política.
Frente a ello, movimientos sociales como las Mareas Blancas han intensificado sus movilizaciones para exigir el refuerzo de la sanidad pública, el fin de las privatizaciones y una gestión centrada en el interés general y no en el beneficio empresarial.
