La Confederación Intersindical, junto con las entidades impulsoras del Manifiesto NI UN DESAHUCIO MÁS, se reúne con portavoces de Vivienda de varios grupos políticos del Congreso.

El pasado miércoles, 10 de diciembre, la Confederación Intersindical acudió al Congreso, junto con representantes de otras seis organizaciones impulsoras del Manifiesto “Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda” para plantear la urgencia de la renovación de la moratoria de desahucios que expira a final de año y la necesidad de medidas estructurales para afrontar este problema en toda su dimensión.

Desde 2010 se han ejecutado en el Estado español más de 750.000 lanzamientos judiciales que han afectado directamente a casi dos millones de personas. Para evitar una avalancha de desahucios derivados de los efectos socioeconómicos de la pandemia y gracias a la movilización social precedente, el Gobierno aprobó una serie de normas conocidas como el “escudo social”, entre las que cabe destacar una suspensión extraordinaria de desalojos (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). La moratoria se ha extendido y modificado en diversas ocasiones hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.

A la reunión en el Congreso asistieron representantes de PSOE, Sumar, Podemos, EH Bildu, PNV, Compromís, ERC y BNG, a falta de concretarse sendas reuniones, en fechas próximas, con Junts y PP.

En lo más inmediato, desde las entidades asistentes se incidió en la urgencia de renovar la moratoria actual, en principio vinculada a las consecuencias del COVID y posteriormente a los efectos de la guerra en Ucrania. La situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos, en plena subida de los precios de los alquileres, justificaría esta prórroga sin necesidad de vincularla a factores externos.

La suspensión de cerca de 60.000 lanzamientos en cuatro años a través de la moratoria demuestra que es jurídicamente posible diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin alternativas dignas para situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Pero estas casi 60.000 familias, amparadas actualmente en la moratoria, estarían en riesgo inminente de desahucio de no renovarse esta. Muchas de estas familias informan de que los juzgados les están comunicando lanzamientos para el mes de enero, asumiendo que el denominado “escudo social” no se va a prorrogar. De ser así, nos podríamos encontrar ante una oleada de desahucios sin precedentes y sin alternativas, pues las familias afectadas se verían ante un escenario mucho peor de cara a una posible reubicación por el repunte en los precios del alquiler.

Dado que queda menos de un mes para que la última prórroga expire, se ha propuesto al Gobierno la presentación de un nuevo Real Decreto-ley para su validación en el Congreso. La reunión dejó la impresión de que ninguno de los grupos presentes se opondría a este acuerdo, que si bien podría considerarse “de mínimos” por no afrontar el problema en toda su dimensión, supondría un alivio para miles de familias que ahora se ven en la cuerda floja.

Sin embargo, la falta de claridad de la norma, la arbitrariedad de los jueces para aplicarla, la falta de cobertura de todos los desahucios, como los de las familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías después de la pandemia, o los de inquilinas con contratos de renta antigua, son algunas de las causas que explican que sólo uno de cada cuatro lanzamientos se suspenda. Esto explica que en 2024 se ejecutaran 24.306 desahucios y, en los dos primeros trimestres de 2025, 14.673.

Por ello, desde las organizaciones asistentes, se expresó a los grupos políticos la necesidad de centrarse no sólo en lo urgente, abordando desde el día siguiente a la aprobación de la prórroga lo importante: la conversión de la moratoria en una medida de carácter estructural, ampliando su cobertura a todos los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad, limitando la arbitrariedad para considerar qué familias son dignas de protección, o asegurando que los informes de servicios sociales son suficientes para acreditar la vulnerabilidad.

Además, esta medida debe venir acompañada de una prórroga extraordinaria y urgente de los contratos de alquiler de vivienda en vigor y de cambios legales que establezcan como norma general una vigencia de los contratos de alquiler por encima de los 5 años actuales.

A esto deberíamos añadir medidas intervencionistas para prohibir y combatir de forma clara y decidida la conversión de viviendas en alojamientos turísticos y la proliferación de estos, y que se establezcan topes en el precio de los alquileres. De lo contrario, y atendiendo a los precios del mercado de alquiler, los desahucios “invisibles” por finalización de contrato irán en aumento.

Solo con medidas como las planteadas las administraciones podrán cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección del derecho a una vivienda digna, que en base a tratados internacionales suscritos por el Estado Español nos obligan a:

• Evitar cualquier desalojo sin antes haber agotado todos los recursos disponibles por parte de las administraciones competentes.
• Que en el caso de que se lleven a cabo desalojos, las administraciones ofrezcan vivienda alternativa adecuada para personas que no cuentan con recursos para acceder a otra vivienda: ninguna persona se puede quedar en la calle con motivo de un desalojo.

Con el siguiente manifiesto, firmado por la Confederación Intersindical y otras muchas entidades ampliamente representativas de la sociedad civil más comprometida con los derechos humanos, queremos alertar sobre el gravísimo riesgo habitacional al que nos enfrentamos, apuntando a lo urgente pero sin olvidarnos de lo importante, para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía en manos de especuladores.

Enlace a la web:
https://niundesahuciomas.org/
Enlace al manifiesto:
https://niundesahuciomas.org/manifiesto-por-la-moratoria-de-desahucios/