NO ES CARIDAD, ES JUSTICIA SOCIAL. Pensiones y viviendas dignas ya
Gobierne quien gobierne, los derechos sociales se defienden.
El movimiento pensionista y las organizaciones de inquilinas volvieron a movilizarse en todo el Estado para exigir medidas urgentes que garanticen condiciones de vida dignas para la clase trabajadora. Bajo el lema “No es caridad, es justicia social”, las convocatorias celebradas en febrero buscaron responder al deterioro de la protección social y al encarecimiento de la vivienda.
Las organizaciones denunciaron el intento de confrontar a pensionistas con quienes tienen dificultades para acceder a un techo. Frente a ese discurso, insistieron en que no existe un conflicto generacional, sino un problema estructural derivado de un modelo que mercantiliza derechos básicos.
Un escudo social en riesgo
En las semanas previas se reabrió el debate sobre medidas mínimas de protección como la moratoria de desahucios o la revalorización de las pensiones. Los colectivos alertaron de que la posible caída del llamado Escudo Social podría reactivar miles de desalojos, afectando principalmente a inquilinas que no pueden asumir el precio del alquiler.
Los datos expuestos durante la movilización fueron contundentes: mientras el alquiler ha subido en torno a un 40 % en cinco años, los salarios apenas lo han hecho un 20 %. A ello se suma la finalización de cientos de miles de contratos y la amenaza de que más de un millón de hogares vulnerables pierdan ayudas energéticas.
Pensiones insuficientes y cuidados privatizados
El manifiesto también puso el foco en la situación de las personas mayores. Con una pensión media por debajo de los 1.400 euros y millones de pensionistas por debajo de los 1.000, el coste de una plaza en residencia —mayoritariamente privada— resulta inasumible para buena parte del colectivo.
Para las organizaciones convocantes, la conclusión fue clara: se está privatizando tanto el acceso a la vivienda como la vida en la vejez, mientras los grandes propietarios continúan aumentando beneficios.
Respuesta en la calle
Siguiendo la estela de anteriores movilizaciones del movimiento pensionista, se apostó por la unidad de las luchas sociales como vía para frenar los retrocesos. La defensa del sistema público de pensiones —recordaron— no afecta solo a quienes ya están jubilados, sino al conjunto de las generaciones trabajadoras.
Durante la segunda quincena de febrero se celebraron concentraciones en numerosas ciudades, entre ellas Murcia, Madrid, Valencia, Málaga, Barcelona, Cádiz o Pamplona, con una participación que volvió a visibilizar el malestar social existente.
Reivindicaciones
Las movilizaciones se articularon en torno a un programa claro:
- Sistema público de residencias suficiente y de calidad.
- Pensiones mínimas ligadas al salario mínimo.
- Derogación de reformas que impulsen planes privados.
- Escudo social permanente y fin de los desahucios.
- Regulación efectiva del alquiler y fin del fraude del alquiler de temporada.
El mensaje que dejaron las protestas fue nítido: no se trata de ayudas puntuales, sino de garantizar derechos sociales efectivos para la mayoría trabajadora.
