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POR QUÉ LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL RECHAZA EL ACUERDO SALARIAL DEL FUNCIONARIADO. CRÓNICA DE UNA DEVALUACIÓN ANUNCIADA

La Confederación Intersindical hace un llamamiento al conjunto del personal empleado público a organizarse y movilizarse frente a acuerdos insuficientes que perpetúan el empobrecimiento salarial. Solamente desde la presión de las bases y la movilización consciente será posible revertir las políticas de recortes y conquistar unas retribuciones dignas para quienes sostienen los servicios públicos esenciales.

1. La voz discrepante frente a los pactos de la cúpula sindical

El acuerdo retributivo suscrito entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos estatales CCOO, UGT y CSIF —publicado en el Boletín Oficial del Estado como el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía (2025–2028)— ha vuelto a escenificar un modelo de negociación excluyente. Frente a las proclamas triunfalistas de las centrales firmantes, la Confederación Intersindical (junto a sus federaciones de sector como STES-Intersindical y STAS Intersindical) ha fijado una postura de firme rechazo, negándose a suscribir un pacto que consolida la pérdida de poder adquisitivo para más de tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos.

La postura contraria de la Confederación Intersindical no responde a un mero disentimiento táctico, sino a una enmienda a la totalidad de la política salarial aplicada desde las administraciones públicas. Desde las filas de la Intersindical hemos denunciado históricamente la falta de representatividad de los acuerdos cerrados a espaldas de la pluralidad sindical, mediante mesas de negociación donde se han instalado sindicatos dóciles y complacientes. Sin embargo, el motivo central del rechazo es de carácter estrictamente económico y material: los incrementos pactados resultan radicalmente insuficientes para compensar el deterioro acumulado de las nóminas desde la gran crisis financiera de 2008, carecen de cláusulas de revisión automática vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) real y aplazan de forma indefinida demandas laborales de carácter estructural.

2. Diecinueve años de erosión salarial: Balance estadístico año a año (2008–2026)

Para comprender estas razones es indispensable examinar la evolución histórica de las retribuciones del sector público en contraposición con el coste real de la vida. La narrativa oficial pretende presentar las subidas fijadas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado como «mejoras retributivas», pero el cruce estadístico con los datos de inflación media anual registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestra que los sueldos públicos han estado siempre por debajo de la inflación y han sido utilizados de forma recurrente como variable de ajuste presupuestario.

Entre 2008 y 2026, mientras que el Índice de Precios al Consumo se ha incrementado en un 47,08% acumulado, las retribuciones nominales de la plantilla pública solo han crecido un 24,24%. Esto supone una pérdida neta acumulada de poder adquisitivo real del 15,53% a lo largo de este periodo de diecinueve años.

La siguiente tabla refleja de forma pormenorizada la evolución anual de los incrementos salariales aprobados, las tasas de inflación media y el balance resultante en la capacidad de compra de la plantilla pública:

Año

Variación salarial aprobada (PGE)

Inflación media anual (IPC INE)

Diferencia neta anual

Balance de poder de compra

2008

+2,00%

+4,10%

-2,10%

Pérdida (Inicio de la crisis financiera)

2009

+2,00%

-0,30%

+2,30%

Ganancia puntual

2010

-5,00% (recorte RDL 8/2010)

+1,80%

-6,80%

Mayor desplome del periodo

2011

0,00% (congelación)

+3,20%

-3,20%

Pérdida

2012

0,00% (congelación + quita extra)

+2,40%

-2,40%

Pérdida severa (Supresión paga extra)

2013

0,00% (congelación)

+1,40%

-1,40%

Pérdida

2014

0,00% (congelación)

-0,20%

+0,20%

Empate técnico

2015

0,00% (congelación)

-0,50%

+0,50%

Ligera ganancia

2016

+1,00%

-0,20%

+1,20%

Ganancia (Fin de congelación)

2017

+1,00%

+1,96%

-0,96%

Pérdida

2018

+1,75% (fijo + variable PIB)

+1,68%

+0,07%

Empate técnico

2019

+2,50% (fijo + variable PIB)

+0,70%

+1,80%

Ganancia

2020

+2,00%

-0,32%

+2,32%

Ganancia (Deflación pandemia)

2021

+0,90%

+3,09%

-2,19%

Pérdida (Inicio choque energético)

2022

+3,50% (fijo + adicional)

+8,39%

-4,89%

Pérdida de gravedad extraordinaria

2023

+3,50% (fijo + variable IPCA/PIB)

+3,53%

-0,03%

Empate técnico

2024

+2,50% (fijo + variable IPCA)

+2,77%

-0,27%

Pérdida

2025

+2,50% (con efecto retroactivo)

+2,67%

-0,17%

Pérdida

2026

+2,00% (1,5% fijo + 0,5% var IPC)

+3,20% (estimación AIReF)

-1,20%

Pérdida

3. Fases históricas del deterioro salarial

Al analizar la trayectoria temporal, la Confederación Intersindical identificamos tres etapas perfectamente diferenciadas que explican cómo se ha fraguado la devaluación retributiva:

  1. El «hachazo» del Real Decreto-ley 8/2010 y el quinquenio de congelación (2010–2015): Es el pecado original de la devaluación. En junio de 2010, el Gobierno aplicó un recorte salarial medio del 5% que se cebó especialmente con las escalas superiores y medias. A este tijeretazo le siguieron cinco años consecutivos de congelación presupuestaria (2011–2015) y el despojo temporal de la paga extraordinaria de Navidad de 2012. Solo en este tramo, el personal público acumuló un quebranto del 12,1% en su capacidad de compra.

  2. La ilusión de la recuperación (2016–2020): La tímida reanudación de las subidas (de entre el 1% y el 2,5%) coincidió con un entorno macroeconómico de inflación baja o negativa, lo que permitió amortiguar temporalmente la caída y recuperar 4,48 puntos porcentuales. Sin embargo, este respiro no restituyó las pérdidas generadas tras el recorte de 2010.

  3. El repunte inflacionario y la resignación de las firmas plurianuales (2021–2026): El estallido de la crisis energética e inflacionaria a partir de 2021 volvió a devorar las retribuciones. La desproporción de 2022 —donde una subida salarial del 3,5% fue arrasada por un IPC del 8,39%, generando un desajuste superior a los 4,8 puntos— volvió a evidenciar la inutilidad de los pactos cerrados sin cláusulas de garantía salarial. Si se contabiliza el impacto acumulado tomando como punto de partida el recorte de 2010 el deterioro acumulado supera holgadamente el 20%.

4. El coste real en el bolsillo del personal empleado público:

El perjuicio causado a las familias trabajadoras del sector público no es una abstracción estadística; se traduce en una pérdida brutal de ingresos brutos acumulados en las nóminas reales. La penalización ha sido especialmente severa en los grupos de titulación superior y media (Grupos A1 y A2), debido a la progresividad del recorte aplicado en 2010 y al constante desfase con respecto a la inflación real.

Tomando como referencia dos perfiles retributivos estándar de la Administración General del Estado sin trienios ni complementos específicos singulares (nivel 26 para el Grupo A1 y nivel 21 para el Grupo A2), el impacto financiero acumulado entre 2008 y 2026 evidencia una brecha alarmante:

Concepto retributivo (Cálculos en cómputo bruto anual, 14 pagas)

Grupo A1 (Nivel 26)

Grupo A2 (Nivel 21)

Salario bruto percibido en 2008

36.204 €

28.162 €

Salario bruto real percibido en 2026

43.400 €

34.030 €

Salario que correspondería en 2026 actualizado con IPC

52.206 €

40.609 €

Brecha salarial anual en el ejercicio 2026

-8.806 € / año

-6.579 € / año

Pérdida mensual en 14 pagas en 2026

-629 € / mes

-470 € / mes

Pérdida económica acumulada total (2008–2026)

-98.264 €

-72.491 €

Equivalencia en tiempo de trabajo no remunerado

2,26 años trabajando gratis

2,13 años trabajando gratis

5. La trampa estructural de las pagas extraordinarias

A esta pérdida acumulada en las mensualidades ordinarias se suma un agravio permanente denunciado de forma sistemática por las organizaciones de la Confederación Intersindical: la mutilación de las pagas extraordinarias. Desde el Real Decreto-ley 8/2010, el valor del sueldo base y los trienios en las pagas de junio y diciembre se mantiene recortado para los grupos profesionales A1, A2, B y C1.

Para ilustrar este expolio continuado, basta observar que en el ejercicio 2026 el sueldo base mensual ordinario para un funcionario del Grupo A1 asciende a 1.387,24 euros, mientras que la cuantía fijada para el sueldo base de su paga extraordinaria se reduce a tan solo 856,05 euros. Esta diferencia implica que en cada paga extra el personal del grupo A1 pierde más de 530 euros sobre el sueldo base que le correspondería por norma legal previa a 2010, una anomalía que ni los anteriores acuerdos plurianuales ni el vigente texto firmado para 2025–2028 han contemplado corregir.

6. Por qué el Acuerdo Marco 2025–2028 liquida la recuperación salarial

Frente a la propaganda ministerial que publicita el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público (2025–2028) como un garante del mantenimiento del poder adquisitivo, el análisis detallado de sus cláusulas retributivas refuta categóricamente tales afirmaciones.

El texto firmado por el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF establece una senda retributiva fija distribuida del siguiente modo:

  • Año 2025: Incremento del 2,5% fijo (abonado de forma retroactiva con efectos de 1 de enero de 2025).

  • Año 2026: Incremento del 2,0% (desglosado en un 1,5% fijo y un 0,5% variable cuya efectividad se condiciona a que la variación interanual del IPC alcance o supere el 1,5%).

  • Año 2027: Incremento del 4,5% fijo.

  • Año 2028: Incremento del 2,0% fijo.

El sumatorio nominal de estas subidas alcanza un 11% acumulado (que las partes cuantifican en un 11,4% real por efecto de la consolidación sobre bases incrementadas). Sin embargo, desde la perspectiva de la Confederación Intersindical, este esquema adolece de tres fallos estructurales insalvables:

  1. Ausencia de una cláusula de garantía salarial al IPC real: El acuerdo repite el error de vincular tramos variables a topes condicionados en lugar de imponer una cláusula de revisión automática al cierre de cada ejercicio. Con inflaciones previstas que siguen tensionando la cesta de la compra, los precios energéticos y la vivienda, fijar incrementos fijos para estos ejercicios aboca nuevamente al colectivo asalariado a perder capacidad de compra.

  2. Consolidación del menoscabo histórico: El 11% acumulado hasta 2028 se aplica sobre nóminas que arrastran una devaluación del 15,53% desde 2008. Por consiguiente, el acuerdo no destina ni un solo euro a devolver la deuda histórica contraída con el personal de las Administraciones Públicas, limitándose a validar el empobrecimiento pasado.

  3. Inacción ante reivindicaciones sociales y laborales urgentes: La propuesta económica ignora demandas de justicia redistributiva indispensables. El acuerdo perpetúa el abandono de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de forma homogénea e imperativa en todas las comunidades autónomas y administraciones locales; aparca la articulación real de la jubilación parcial para los colectivos del sector público; y dilata la reclasificación profesional efectiva en los subgrupos del EBEP y el personal laboral.

7. Exigencias y alternativa sindical para una restitución retributiva justa

La Confederación Intersindical reafirma su compromiso con un sindicalismo autónomo, de clase y combativo, sosteniendo que la paz social firmada por la cúpula sindical a cambio de aportaciones institucionales perjudica directamente el bienestar de las trabajadoras y trabajadores públicos.

Frente a la insuficiencia del pacto firmado entre el Ministerio y la cúpula de CCOO, UGT y CSIF, la Confederación Intersindical plantea un pliego de condiciones de restitución salarial basado en los siguientes pilares:

  • Cláusula de revisión salarial vinculada al IPC real: Inclusión por ley de una garantía automática e ilimitada que actualice las retribuciones cada 31 de diciembre en función del IPC real registrado, impidiendo cualquier nueva devaluación.

  • Plan Plurianual de Recuperación del Poder Adquisitivo Perdido: Negociación de un calendario vinculante que programe la devolución paulatina del 15,53% arrebatado desde 2008 y la restitución completa del recorte del 5% aplicado en el Real Decreto-ley 8/2010.

  • Restablecimiento íntegro de las Pagas Extraordinarias: Eliminación inmediata del tijeretazo impuesto al sueldo base y trienios en las pagas de junio y diciembre, equiparando su cuantía al valor de las mensualidades ordinarias.

  • Jornada de 35 horas y clasificación profesional sin demoras: Implantación por mandato legal de la jornada semanal de 35 horas sin reducción salarial en el conjunto del Estado y cumplimiento efectivo del grupo B y subgrupos profesionales conforme a titulación real.

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