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La Confederación Intersindical acusa a Iceta de eludir responsabilidades ante el problema de la temporalidad en las administraciones

En los últimos días ha trascendido públicamente una nueva propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. En ella se plantean dos ejes básicos para abordar el problema: por un lado, la reducción de la temporalidad actual mediante nuevas convocatorias masivas de oposiciones y, por otro, modificando la normativa en materia de empleo público para prevenir, en un futuro, el abuso en la utilización de relaciones laborales temporales para cubrir necesidades estructurales y permanentes.

Cierto es que el problema ha adquirido una dimensión inaceptable y que requiere una intervención drástica de las administraciones públicas, pero no es menos cierto que el Ministro se equivoca en los planteamientos al negar la mayor: la responsabilidad de las administraciones en la génesis del problema. Nadie a estas alturas duda de que las administraciones públicas no han convocado las ofertas de empleo con la periodicidad que exige la ley, que la oferta de plazas ha sido totalmente insuficiente como para satisfacer las necesidades de personal fijo de unos servicios públicos cada vez más demandados, ni tampoco que los distintos gobiernos han ignorado su obligación de trasponer al ordenamiento interno del sector público las directrices europeas de protección de las trabajadoras y trabajadores temporales.

Por lo tanto, cualquier propuesta que no asuma la premisa de que las administraciones son las únicas responsables y que sobre ellas ha de recaer el peso de la solución, nace viciada y eso es lo que ocurre con la nueva propuesta ministerial. Deriva esa responsabilidad hacia el personal público temporal e interino y hacia las usuarias y usuarios de los servicios públicos, haciéndoles pagar los platos rotos de una gestión de personal de las administraciones absolutamente desastrosa.

En primer lugar, pretende resolver el problema actual de temporalidad obligando al personal que viene padeciendo la precariedad y el abuso en la temporalidad desde hace décadas, a superar unos procesos selectivos de carácter ordinario. Es decir, que plantea una solución concebida para un contexto de normalidad para una situación extraordinaria y, por lo tanto, el Ministro ignora, en primer término su propia responsabilidad y, en segundo, siembra de incertidumbre el futuro de miles y miles de personas y sus familias. Personas que ven comprometida su vida laboral al tener que afrontar una oposición eliminatoria y de libre concurrencia, cuando las circunstancias laborales, sociales, familiares y personales son totalmente adversas para poder superar el reto con ciertas garantías de éxito.

No se trata de tener una deferencia para con el personal temporal e interino, no se trata de que accedan a la función pública por una puerta falsa. Se trata de que las diferentes administraciones asuman su responsabilidad por el abuso de la temporalidad y de acuerdo con el Derecho comunitario, promuevan la estabilidad laboral del personal objeto del abuso.

No hay que olvidar que la Directiva europea considera que la relación laboral normal ha de ser la indefinida, que hay que sancionar las conductas abusivas de la temporalidad y que hay que proteger a los trabajadores y trabajadores contra esos abusos. Una protección y una sanción que no se consigue mediante la convocatoria de procesos de oposiciones ordinarios, porque como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni garantizan la estabilidad laboral de las víctimas, ni tienen un coste para la entidad empleadora pública.

En segundo lugar, el planteamiento que hace la propuesta para sancionar y prevenir el abuso futuro de la temporalidad, sigue la misma trayectoria que la que se hizo en mayo y, por lo tanto, es objeto de las mismas críticas. El hecho de plantear el cese automático del personal temporal o interino que lleve tres años en una plaza vacante, si ésta no se ha incluido en una oferta de empleo, sólo perjudica, precisamente, a la persona víctima del abuso. De igual manera que el hecho de proponer que la plaza no ocupada por el cese de la persona interina, haya de cubrirse necesariamente con personal funcionario de carrera, es un sinsentido, puesto que las consecuencias afectaran fundamentalmente al resto de la plantilla, que tendrán que asumir una carga de trabajo adicional, y a los usuarios y usuarias de los servicios públicos que verán mermada la calidad del servicio que reciben.

Como novedad se introduce la posibilidad de que el personal declarado en abuso de la temporalidad perciba una indemnización en el momento del cese, lo cual no deja de ser una utopía, una entelequia; porque si la administración tiene la potestad de cesar de oficio a la persona interina que lleve tres años en una misma plaza, jamás se dará el supuesto de que se le reconozca la situación de abuso y el derecho a la percepción de la indemnización.

En fin, el Ministro Iceta pretende conseguir la cuadratura del círculo presentado una propuesta que cae por su propio peso, al no aceptar simple y llanamente que la responsabilidad de las administraciones en el abuso de la temporalidad ha de tener una consecuencia negativa para las propias administraciones y que no se pueden amparar en los principios constitucionales de acceso a la función pública para justificar la penalización de aquellos y aquellas que son, ciertamente, las víctimas. No podemos consentir que, una vez más, haya miles y miles de víctimas y cero responsables. El Ministerio tiene que escuchar las reivindicaciones de los colectivos de personal temporal e interino que exigen que la solución sea la estabilidad laboral y por ello, la jornada de movilización y huelga que se desarrolló el pasado día 18 de junio, sólo será el preludio de más protestas y acciones, si no hay un cambio radical en los planteamientos del ministro para resolver el problema del abuso de la temporalidad: la estabilidad laboral presente y futura de los empleadas y empleados públicos temporales. Una estabilidad que, tratándose del sector público, sólo se puede entender como permanencia en un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que el personal funcionario de carrera o fijo

Secretariado de la Confederación Intersindical

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