Tras las movilizaciones del 21 y 22 de abril, el ministro Iceta debe agilizar la búsqueda de la solución al problema de la interinidad
Los días 21 y 22 de abril han marcado un hito importante en la lucha del personal interino de las Administraciones Públicas por conseguir la estabilidad que hasta el momento se les niega.
La actitud de la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado en la reunión mantenida el pasado miércoles por la mañana, con las organizaciones que defendemos esa estabilidad, ha sido positiva. Todos se han mostrado sensibles a la situación de estas personas. El resto de actuaciones de estos días han servido para comprobar, una vez más, el compromiso de organizaciones muy diversas de todo el Estado Español con estos empleados públicos. A su vez, la respuesta a la huelga convocada en el País Vasco para el día 22, ha tenido también un considerable seguimiento, especialmente en educación.
Por su parte, el Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta en su intervención en el Senado, ese mismo 22 de abril, ha dado muestras de ser consciente de lo delicada de la situación, aunque ha dejado dudas en cuanto a las soluciones que requiere esta complicada realidad. Parece debatirse entre soluciones contradictorias o, incluso, contemplarlas todas. Sin embargo, el camino andado hasta ahora, nos demuestra que hay opciones que no son válidas o que seguir incidiendo en normas legales que ya están en vigor desde hace mucho tiempo, tampoco son la solución. Los acuerdos por el Empleo de 2017 y 2018 y la normativa que establece que ninguna persona interina puede permanecer más de tres años en esa situación de interinidad, no sólo no han solucionado nada, si no que han incrementado el problema.
La solución necesariamente ha de pasar por aprovechar el capital humano que, con una experiencia inmensa en los distintos puestos de la administración pública, ha asegurado en los últimos años -con dos crisis gravísimas a las que ha habido que hacer frente, como la económica que se inició en 2008 y la sanitaria de 2020- un funcionamiento ejemplar de los servicios públicos. Y la solución, además, tiene un coste cero para las arcas públicas. Nadie podría entender que se prescinda de personal perfectamente cualificado para dar paso a otras personas que puedan demostrar los méritos que ya demostraron en su día los que ahora están en esta situación de inestabilidad en el empleo.
Los argumentos cada vez son mayores: a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020, se han unido distintas sentencias de los tribunales españoles; el informe de la Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, Mª Emilia Casas; la aprobación del estatuto de personal para los empleados públicos del Parlamento de La Rioja y otras iniciativas que pretenden solucionar en el marco competencial de diversas instancias esta misma problemática.
Sin embargo, no sería adecuado que la inhibición o la falta de decisión del Ministerio de Política Territorial, diesen lugar a una catarata de actuaciones -cada una distinta, en función del gobierno y la interpretación de los distintos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, …etc.- que troceen el problema y extiendan la conflictividad a numerosos marcos. Iceta debe actuar y debe hacerlo lo antes posible.
Secretariado Confederación Intersindical | 23 de abril de 2021
