LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL EN APOYO DEL SINDICATO DE INQUILINAS
La Confederación Intersindical exige la aprobación inmediata del «Decreto Maricarmen» y llama a fortalecer la movilización contra los desahucios y la especulación inmobiliaria
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, no es un caso aislado. Es la expresión más brutal de un modelo de vivienda en el que la rentabilidad de los fondos de inversión y de los grandes tenedores se coloca por encima de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de la población trabajadora y pensionista.
Desde la Confederación Intersindical denunciamos que Maricarmen ha sido desahuciada, pero también ha sido desahuciado el derecho a una vivienda digna. Su caso pone frente al espejo a unas instituciones que han sido incapaces de garantizar una alternativa habitacional a una persona de 87 años que llevaba más de 70 años viviendo en su hogar y que terminó ingresada en un hospital tras el desalojo.
No estamos ante un problema individual. Estamos ante un problema de clase.
La respuesta está en las calles
La indignación provocada por el desahucio de Maricarmen se ha transformado en movilización. Las manifestaciones celebradas en 40 ciudades de todo el Estado demuestran que existe una respuesta social contundente frente a quienes pretenden normalizar que las personas sean expulsadas de sus hogares para proteger intereses económicos.
Desde la Confederación Intersindical apoyamos al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, así como todas las movilizaciones que están poniendo en el centro el derecho a la vivienda y denunciando la especulación.
La respuesta de cientos y miles de personas organizadas demuestra que cuando se atacan nuestros derechos, la respuesta debe ser colectiva. La vigilia de más de 500 personas y la movilización convocada por los colectivos de inquilinas e inquilinos son una muestra de que frente a la especulación solo cabe más organización, más solidaridad y más lucha.
Exigimos al Gobierno que actúe: «Decreto Maricarmen» ¡ya!
El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado. El Consejo de Ministros tiene en sus manos la posibilidad de adoptar medidas que permitan avanzar hacia un cambio profundo en las políticas de vivienda.
Desde la Confederación Intersindical exigimos al Gobierno y al presidente que se pongan del lado de las personas inquilinas y de la clase trabajadora y planten cara a los fondos buitre y a los grandes tenedores de vivienda.
Por ello reclamamos la aprobación inmediata del «Decreto Maricarmen», un paquete de cinco medidas urgentes para que la vivienda deje de estar sometida a la lógica del beneficio y pueda ser garantizada como un derecho:
1. Frenar los desahucios. Medidas estructurales que impidan que ninguna persona sea expulsada de su vivienda sin una alternativa habitacional digna y adecuada.
2. Contratos indefinidos. Renovación automática de los contratos de alquiler para garantizar la estabilidad de las personas inquilinas, como sucede en otros modelos europeos.
3. Regular los alquileres de temporada y por habitaciones. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar que estas modalidades se conviertan en una vía para sortear la regulación y expulsar a las personas de la vivienda habitual.
4. Congelar las actualizaciones vinculadas al IPC. Ninguna familia debería ver incrementado automáticamente su alquiler mientras sus salarios y pensiones no permiten afrontar el encarecimiento de la vivienda.
5. Garantizar prórrogas efectivas. Los contratos en vigor deben poder prorrogarse para impedir que el vencimiento contractual se utilice como mecanismo de expulsión de las personas inquilinas de sus viviendas y de sus barrios.
La vivienda no puede ser una mercancía. La vivienda es un derecho.
La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y la función social de la propiedad. Sin embargo, la realidad demuestra que la búsqueda de rentabilidad económica continúa imponiéndose sobre estos principios. El caso de Maricarmen evidencia también la falta de respuesta efectiva de las distintas administraciones y la incapacidad institucional para garantizar una alternativa habitacional.
No puede haber derecho a la vivienda mientras los fondos de inversión puedan acumular viviendas y utilizarlas para obtener beneficios a costa de expulsar a quienes las habitan. No puede haber justicia social mientras una persona pueda perder su hogar después de haber vivido en él durante más de 70 años. Y no puede haber una política de vivienda realmente orientada a las necesidades de la mayoría si las decisiones siguen subordinadas a los intereses del mercado.
Desde la Confederación Intersindical apoyamos las movilizaciones, suscribimos y firmamos el manifiesto del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y llamamos a la clase trabajadora a participar y fortalecer esta lucha.
Porque lo que le ha ocurrido a Maricarmen puede ocurrirle a cualquiera.
