La Confederación Intersindical exige medidas de protección para la clase trabajadora ante la epidemia de coronavirus

Es evidente que la epidemia de coronavirus está generando una crisis sanitaria que está teniendo un fuerte impacto en otros aspectos como el laboral, el económico y el social. El problema es que corremos el riesgo de que las consecuencias de esta crisis la acaben pagando, como siempre, los colectivos más vulnerables y la clase trabajadora en su conjunto. Es por eso que exigimos de los poderes públicos que, en aplicación del criterio de interés general, se extremen las medidas de protección a la mayoría social.

Por lo que respecta a la sanidad, habrá que asumir lo que determinen las administraciones sanitarias para minimizar la propagación de la enfermedad y, en todo caso, dotar de recursos suficientes nuestro sistema sanitario para garantizar la atención médica de la población, tanto preventiva como asistencial. Esta crisis nos refuerza en la idea de la necesidad acuciante de exigir a las administraciones y de luchar por revertir los recortes aplicados a la sanidad pública, y al resto de servicios públicos, en favor de la privada. Nos oponemos a que la salud (y la sanidad) sea una cuestión que entre en el juego del libre mercado. La Confederación Intersindical se reitera en su defensa de los servicios públicos y exige una sanidad 100% pública, universal y gratuita.

Afortunadamente, a pesar de los intentos del neoliberalismo por acabar con la sanidad pública, seguimos teniendo un excelente sistema sanitario público y lo que es más importante, unos equipos humanos que con su profesionalidad y vocación de Servicio Público, están demostrando que se puede superar cualquier circunstancia adversa aún con la falta de medios que ha provocado la paulatina y continua privatización de los servicios públicos. Desde aquí nuestro agradecimiento y reconocimiento por su labor anónima.

Por otro lado, hay que incidir en las repercusiones de la epidemia en el ámbito laboral. Está claro que en los centros de trabajo se habrán de aplicar medidas preventivas fomentando el teletrabajo y en aquellos supuestos en los que no sea posible, la protección de las trabajadoras y trabajadores con medidas especiales de higiene personal y de los centros de trabajo. No obstante, serán inevitables los contagios y los aislamientos preventivos del entorno; por lo cual se ha de garantizar por parte de los poderes públicos que en estas situaciones de incapacidad temporal o de cuarentena las trabajadoras y trabajadores conserven su puesto de Trabajo y sus derechos retributivos íntegros, excluyendo cualquier posibilidad de que puedan ser despedidos alegando absentismo laboral y calificando estas situaciones como de incapacidad temporal por contingencias profesionales.

Ahora bien, no podemos ignorar que la crisis sanitaria, considerada local o globalmente, está teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad económica de nuestro sistema productivo, que afecta a todos los sectores y a algunos especialmente. En esta situación de reducción de la producción y de los beneficios empresariales, es fácil caer en la tentación, como se reclama desde la patronal y los sectores financieros, de aplicar medidas de flexibilización y agilización del despido individual o colectivo con expedientes de regulación de empleo, definitivos o temporales. En definitiva, la misma receta que ya se aplicó con la mal llamada crisis de 2008 y cuyos resultados son conocidos por todas y todos: cifras de paro y precariedad laboral sin precedentes.

Que estas propuestas las plantee la patronal es normal, tal vez, pero no lo es tanto que CCOO y UGT den soporte a estas reivindicaciones, aunque lo adornen con la garantía del cobro de subsidios por desempleo sin aplicar periodos de cadencia, ni que afecte al tiempo de cotización a efectos de posteriores situaciones de desempleo. Entendemos que no se trata solo de proteger socialmente la situación de paro, sino también, de garantizar el control público en los despidos colectivos y que no haya ninguna merma en las condiciones laborales.

Es por ello que desde la Confederación Intersindical consideramos que ha de ser una prioridad de los poderes públicos el mantenimiento de la ocupación, articulando un sistema de ayudas directas a las empresas en crisis para mantener la ocupación y vincular cualquier otro tipo de ayuda a esta condición, siempre con criterios objetivos y contrastados.

Por último, no podemos obviar que también habrá que articular toda una serie de medidas de calado social para ayudar a los colectivos más vulnerables como las persones mayores y las menores, reforzando los sistemas de ayuda domiciliaria a las persones mayores y ayudas a las familias para atender a menores no escolarizados forzosamente, así como flexibilizar la jornada laboral para poder hacerla compatible con la conciliación de la vida familiar en estas circunstancias tan particulares.

Para la Confederación Intersindical la situación actual es una situación de emergencia sanitaria, laboral, económica y social que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y que requerirá la intervención del Estado y del resto de Administraciones Públicas para asegurar la superación de la crisis y minimizar en lo posible sus efectos. Es por ello que exigimos de los poderes públicos que intervengan sin complejos y que lo hagan pensando en el conjunto de la sociedad; sin olvidar que la mayoría social está representada por la clase trabajadora y no por las élites económicas y financieras.

Secretariado de la Confederación Intersindical | 13 de marzo de 2020