Colombia, la violencia que no cesa
Entrevista con Jesús de la Roza (Comisión Asturiana de Verificación)
| Por Tino Brugos |
La situación en Colombia se aleja de las esperanzas de paz debido al incumplimiento de los Acuerdos para la paz entre el gobierno del entonces presidente, Santos, y la entonces guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al incremento de crímenes de activistas sociales y también de la impunidad con la que se suceden los casos.
Hablamos con Jesús de la Roza, que a principios de marzo realizó un viaje a Colombia como miembro de la Comisión Asturiana de Verificación que cada año visita ese país para hacer un seguimiento de la evolución en el respeto de los Derechos Humanos y la situación de seguridad de líderes sociales de diferentes entidades
Se trataba de un viaje de verificación que tiene su origen en Programa de Acogida a refugiados colombianos en Asturies que está funcionando desde el año 2001. Son por lo tanto 19 años de actividad que consiste en recibir a líderes y lideresas de diferentes organizaciones de la sociedad civil colombiana que se encuentran bajo la amenaza de organizaciones paramilitares o que han sido objeto de atentados. Hasta ahora han llegado 114 personas y se espera que lleguen otras cinco personas a lo largo de este año 2019.
En el año 2005, como complemento al programa de acogida, se constituyó la primera Comisión de Verificación que, formada por diferentes personas en cada ocasión, visita año tras año ese país para hacer un informe sobre la situación de respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de aquellos líderes y lideresas que, seis meses después de su acogida en Asturies, retornan a su país para reintegrarse en las organizaciones sociales y volver al activismo social previo a su salida de Colombia.
En esta ocasión, nuestra Comisión ha visitado los departamentos de Nariño, Cauca, Córdoba y Sucre, tomando contacto con organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, fundamentalmente.
¿Por qué un Informe Provisional y luego otro definitivo?
Al final del trabajo de campo de una semana se presenta ante los medios de comunicación en Bogotá un Informe Provisional de lo que hemos visto durante nuestra visita, con lo que nos han informado las organizaciones con las que hemos conversado, lo que hemos podido apreciar en el transcurso de nuestro viaje, todo ello a la espera del Informe definitivo que se realiza tras nuestro regreso. Además del informe (que fue presentado por el eurodiputado Javier Couso, junto con otros miembros de la delegación), la delegación tradicionalmente se reúne en la Embajada de España con el Embajador[i]. También con diferentes representantes de instituciones colombianas (este año con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo), así como con Naciones Unidas. Este año también nos reunimos con el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), heredero de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Los datos que ofrecemos contemplan casos muy concretos, que hayamos podido constatar y que creemos que hacen referencia a amenazas graves.
Pero después, perfilando los datos y completando los materiales recogidos, elaboramos el Informe final que presentamos ante la Junta General del Principado, el Parlamento español y el Parlamento europeo. En algunas ocasiones, en la Comisión de Verificación han participado desde cargos políticos autonómicos asturianos hasta miembros del parlamento Europeo.
¿Quiénes formaban este año la Comisión de Verificación?
Pues mira, además del coordinador técnico y organizador de la visita, había tres miembros de la Asamblea Moza d’Asturies, un miembro de Ingeniería sin Fronteras, dos representantes de la ONG Soldepaz-Pachakuti, y yo que iba en nombre de la Confederación Intersindical, de la que mi sindicato, SUATEA, forma parte. En Bogotá se unió a nosotros el eurodiputado Javier Couso. Siempre con la idea de romper el silencio mediático sobre lo que pasa en Colombia y dar a conocer lo que hemos visto.
¿Qué zonas de Colombia visitasteis?
Este año nos pidieron que abordáramos diferentes aspectos relacionados con el territorio y la lucha por la propiedad de las tierras. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay 7 millones de personas desplazadas. Muchas de ellas son reclamantes de tierras que el gobierno les ha concedido, hace décadas incluso, pero no pueden ocuparlas porque hay “terceros” en ellas; hay territorios ocupados por campesinos, disputas por la titularidad de la propiedad de las tierras, el uso que se hace de las mismas, etc. Para ello nos movimos por el país, en los departamentos de Nariño, Cauca, Córdoba, Sucre, hablamos con comunidades indígenas (awa y nasa), comunidades afrocolombiana, y comunidades campesinas, siempre con la idea de que hay un elemento común en todos estos casos como es el peligro que el activismo supone para estos liderazgos sociales.
¿Cómo está la situación en estos momentos?
Yo participé ya hace dos años en esta Comisión de Verificación. Era un momento de cierta esperanza tras los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Aún así, había ya en aquellos momentos algunos síntomas inquietantes sobre el incumplimiento de lo pactado. Visitamos entonces campamentos de desmovilizados. Algunos datos sugerían que las cosas podrían no ir bien. Además, detectamos casos de corrupción, se intuía que habría enfrentamientos por las tierras, etc. pero había también un margen importante para la esperanza pese a los antecedentes de represión en procesos de paz anteriores, de los cuales el más brutal fue la aniquilación de la Unión Patriótica en los años noventa.
Ya entonces se detectaba que los espacios ocupados por las FARC serían un objetivo para los grupos paramilitares. De aquella, el Gobierno colombiano lo negaba y, todo lo más, hablaba de grupos armados sin conexiones con el aparato de estado.
Hoy, se puede percibir un dato inquietante como es el ascenso de actores armados, algunos nuevos, otros tradicionales, que van ocupando el territorio que anteriormente estaba en manos de las FARC. Aquí se podría hablar de militares, de policía, de grupos disidentes de las FARC (a los que el partido político FARC no considera disidentes, sino desertores), del ELN (Ejército de Liberación Nacional), por supuesto de grupos paramilitares, algunos de ellos vinculados con cárteles mejicanos vinculados al mundo de las drogas…. Hay un incremento de los actores armados.
Entonces, hablar de proceso de paz….
Es complicado. Hay un proceso en marcha pero con dificultades por lo dicho anteriormente. Hay numerosos actores armados e incumplimientos por parte del gobierno. Hay disidencias, o desertores, de las FARC, crecientes y progresivamente coordinándose; Igualmente, es una realidad la presencia de un ELN del que se dice que se encuentra en fase de extensión y crecimiento, todo ello compitiendo por territorios que anteriormente estaban bajo la influencia de las FARC.
¿Y las comunidades?
La situación es peor que cuando estaban las FARC, pues estas ejercían el papel que correspondería al Estado. Se ve que algunas comunidades simpatizaban con las FARC, pero otras no. Por ejemplo los awa fueron objeto de una importante masacre a manos de las FARC hace años. Lo peor de todo es que, en estos momentos, no se sabe quién es quién. El estado como tal no ejerce el control sobre el territorio, pese al alto despliegue militar y policial, y los actores armados pugnan por incrementar sus zonas de influencia en una especie de fuego cruzado. Lo más preocupante es que se está incrementando el número de asesinatos. Si en el año 2018 se hablaba de un líder social asesinado cada dos o tres días, en lo que llevamos de 2019 se puede decir que vamos a un asesinato cada día o dos días como media, lo que genera enorme inseguridad y temor entre la dirigencia.
Los paramilitares que ocupan los territorios imponen todo tipo de restricciones a las comunidades: en algunos lugares les imponen el toque de queda desde las seis de la tarde, se controla la entrada de alimentos y medicinas, se restringe el uso de teléfonos móviles,… También imponen el cultivo de coca a comunidades que tenían la intención de sustituir estos cultivos por otros lícitos, lo cual es favorecido por la escasa o nula implicación del gobierno en apoyar estos procesos de sustitución de cultivos ilícitos. A esto hay que añadir la presión por parte del ejército y policía en busca de delatores o la captación de jóvenes por parte paramilitares o guerrilleros. También se puede hablar de aumento de casos de feminicidios. Todo ello genera un cuadro sombrío y poco esperanzador.
Las comunidades intentan adaptarse a esta situación. Sobreviven en medio de una situación de pobreza. Sus aspiraciones al cambio social están recogidas en unos acuerdos que reconocían la existencia de cabildos para que se autogobernaran, entrega de tierras, etc. Se da el caso de que, en ocasiones, han recibido unas tierras que están ocupadas por terceros que no cumplen las órdenes de la Justicia o tierras a las que aspiran los terratenientes de la zona que, para ello fomentan la presencia de grupos paramilitares. Pese a todo, existe también un alto grado de organización, tanto entre las comunidades indígenas como afrodescendientes, y la determinación absoluta de defender y luchar por el territorio. Es por ello que los líderes y lideresas comunitarios son el principal objetivo de, sobre todo, los grupos paramilitares que les envían anónimos poniendo precio a sus cabezas (hasta 5.000.000 de pesos colombianos, unos 1.500 €) si no cesan en su lucha y, en muchos casos asesinándolos impunemente.
¿Nadie defiende a estas comunidades indígenas o campesinas?
Hay una desconfianza total en las instituciones, salvo con la Defensoría del Pueblo, que cuenta con amplias competencias, maneja datos y cuenta con el reconocimiento por parte de mucha gente. Sin embargo, tiene el problema de que carece de poder ejecutivo Es decir, sus decisiones no se pueden imponer para que se cumplan. Pese a todo, goza de un significativo reconocimiento social y mantiene su credibilidad.
También es verdad que existe miedo entre la población y no todo el mundo denuncia las amenazas que recibe ya que se mantiene el temor a las conexiones entre la policía y los escuadrones paramilitares. En ocasiones, una denuncia ante la policía era seguida de inmediato por una aparición de los paramilitares. Llega más rápido la violencia que la Justicia.
…. Pues menudas perspectivas, ¿no?
Los indígenas awa hablan de trescientos acuerdos incumplidos mientras que los nasa elevan esa cifra a mil, En realidad, lo que que estamos viendo son las consecuencias de un Acuerdo que quedó aguado tras el rechazo en referéndum así como por la elección del nuevo presidente, Iván Duque, que se mantiene cercano a la línea de Álvaro Uribe, enfrentado a las negociaciones con las FARC y a cualquier aspecto relacionado con las negociaciones de paz
Precisamente desde la elección de Duque la situación ha empeorado porque no está de acuerdo con lo firmado y eso hace muy difícil poner en práctica algo en lo que no se cree. De ahí el incremento de asesinatos y la impunidad con la que estos hechos ocurren. En nuestras conversaciones con dirigentes colombianos presentamos casos muy claros como el del intento de asesinato de Andrés Narváez, líder campesino. El capataz que le disparó cuatro tiros, que no mataron a Andrés de milagro, está libre pese a estar condenado a más de 20 años.
Otro ejemplo, en este caso de militarización, sería el de la finca La Esmeralda, ocupada por campesinos pero a la que aspira también un terrateniente vecino. Dos días antes de que visitáramos la finca, las fuerzas antidisturbios especiales de la policía (los temidos y odiados ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios), habían entrado a sangre y fuero en la finca causando dos heridos de bala. También destrozaron el maíz plantado y diferentes construcciones de madera. Son ejemplos de cómo se están gestionando los conflictos en estos momentos.
¿Solo estuvisteis en zonas campesinas?
No, también visitamos núcleos urbanos. Por ejemplo Tumaco, en el departamento de Nariño. Allí se da en estos momentos una situación complicada. En este caso estamos hablando de una zona con un número elevado de muertos. Sin duda como resultado de la coincidencia en la misma zona de al menos 10 actores armados en lucha por el control, sobre todo, del tráfico de cocaína. En este caso tenemos que contar con la presencia de una economía en la que el complejo del narcotráfico juega un papel importante. También es importante y conflictiva la industria del petróleo y el extractivismo. La zona está atravesada por el oleoducto Trasandino y se da la paradoja de que no hay gasolineras en kilómetros. Se producen atentados sobre los oleoductos y las fugas de crudo contaminan los ríos. Es como una serie de efectos encadenados.
A los problemas con las tierras hay que sumar los que producen las explotaciones mineras. Todas las empresas, petrolíferas o mineras, son de capital extranjero que aspiran a desarrollar una explotación intensiva de los recursos sin reparar en las consecuencias. Para llevar adelante sus proyectos, se apoyan en los grupos paramilitares, que se encargan de hacer el trabajo sucio y cuentan, en la mayoría de las ocasiones, con la connivencia policial y militar.
De esto sabemos cosas en Asturies porque tenemos el caso de Luciano Romero, que estuvo seis meses como refugiado. Al volver fue asesinado por paramilitares en connivencia con la policía y la empresa beneficiaria fue Nestlé.
De todo lo que nos has contado ¿podemos sacar alguna conclusión?
Pues podrían decirse unas cuantas cosas. Dos años y medio después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, hay otras guerrillas que siguen activas en Colombia. Eso es una realidad no cuestionable. Aunque hubo negociaciones entre Gobierno y ELN, desde la llegada al poder de Duque, están suspendidas “sine die”. De negociaciones con el EPL ni se ha llegado a hablar siquiera. Es decir, la guerra sigue.
Frente a ello, se están dando procesos organizativos potentes en muchas comunidades dispuestas a seguir luchando por el cumplimiento de los Acuerdos, con gran capacidad de movilización, como se está demostrando estos días en que han bloqueado muchos kilómetros de la Vía Panamericana, esencial para la economía del país.
El nuevo Gobierno no tiene ningún interés en el cumplimiento de los acuerdos de paz, de ahí que no se desarrolle la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), uno de los acuerdos más importantes acordados con las FARC. Peor aún, siguen existiendo casos de “falsos positivos” (asesinatos extrajudiciales, montajes para acusar a líderes y lideresas con falsas pruebas, etc.), que encubren asesinatos o buscan criminalizar a dirigentes sociales.
Por eso es necesario el apoyo internacional, romper el bloqueo informativo y la tergiversación de las noticias. Del mismo modo, se precisa también que la financiación internacional llegue a los territorios. Hay recursos internacionales que se pierden por el camino en “burocracias y tecnocracias” por no ser negociado su uso con las comunidades destinatarias. Esos recursos son esenciales si se quieren poner en marcha propuestas nuevas como la introducción de nuevos cultivos. Mientras esto no se produzca, seguirá floreciendo el cultivo de la coca.
Hay que hacer un llamamiento a los gobiernos internacionales, a las Naciones Unidas, para que se impliquen y eviten el colapso del proceso. Para que hagan un seguimiento de la situación y presionen por el cumplimiento de los acuerdos.
[i] DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA QUE LLEGÓ A COLOMBIA PREOCUPADA Y SE MARCHA ALARMADA CON LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS:http://pachakuti.org/spip.php?article1036
