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21 DE OCTUBRE | DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA DESPATOLOGIZACIÓN TRANS

El Área LGTBIQ+ de la Confederación Intersindical denuncia la violencia institucional, la discriminación y los discursos de odio que siguen sufriendo las personas trans. Reivindicamos la autodeterminación de género, una sanidad pública despatologizadora, una educación libre de transfobia y unas condiciones laborales que garanticen la igualdad real. Frente a la ofensiva reaccionaria, exigimos derechos, recursos y políticas públicas que protejan la diversidad.

Cada 21 de octubre reivindicamos la despatologización de las identidades trans y denunciamos las estructuras sociales, políticas e institucionales que continúan cuestionando la existencia, la dignidad y los derechos de las personas trans.

Las personas trans no tienen que justificar quiénes son ni someterse a la validación de profesionales, instituciones o administraciones para que se reconozcan sus derechos. La identidad de género forma parte de la diversidad humana y debe ser respetada sin tutelas, imposiciones ni cuestionamientos.

Aunque se han producido avances importantes en el reconocimiento internacional de las identidades trans, la despatologización efectiva continúa siendo una reivindicación pendiente. La retirada de la transexualidad de la categoría de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud supuso un paso fundamental, pero los cambios en las clasificaciones médicas no bastan mientras persistan barreras administrativas, prejuicios institucionales y obstáculos para acceder a derechos básicos.

La identidad de género no se diagnostica, no se autoriza y no se cuestiona. Se respeta.

Desde el Área LGTBIQ+ de la Confederación Intersindical denunciamos el avance de los discursos reaccionarios y tránsfobos que pretenden convertir las vidas de las personas trans en un campo de batalla político e ideológico.


Asistimos a una ofensiva que busca cuestionar derechos conquistados, sembrar miedo y legitimar la discriminación bajo discursos que presentan la diversidad como una amenaza.

No aceptamos que se utilice a las personas trans como chivo expiatorio de los conflictos sociales ni que sus derechos sean utilizados como moneda de cambio en estrategias electorales.

Los derechos humanos no se someten a referéndum, no dependen de las mayorías parlamentarias y no pueden quedar a merced de quienes hacen del odio su programa político.

La transfobia no es una opinión inocua. Tiene consecuencias concretas en la vida de las personas: exclusión laboral, violencia, acoso escolar, aislamiento social, discriminación institucional y dificultades para acceder a servicios públicos.

Estas violencias se agravan cuando se cruzan con otras desigualdades, como la precariedad económica, el racismo, la discapacidad o la situación administrativa de las personas migrantes.

Frente a quienes pretenden devolver a las personas trans al silencio y la invisibilidad, reivindicamos la organización colectiva, la solidaridad y la lucha sindical como herramientas de transformación social.

No vamos a permitir que se convierta la dignidad de las personas trans en un privilegio que pueda concederse o retirarse.

La despatologización debe traducirse en una transformación profunda de los modelos de atención sanitaria.


Desde la Confederación Intersindical defendemos una sanidad pública, universal, accesible y de calidad que garantice una atención integral a las personas trans desde el respeto a su autonomía, sus decisiones y sus necesidades.

Rechazamos los procedimientos que convierten las identidades trans en objeto de sospecha o que imponen evaluaciones psiquiátricas como condición para el reconocimiento de derechos.

Exigimos que las personas trans puedan acceder, cuando lo necesiten, a tratamientos hormonales, intervenciones, acompañamiento psicológico y atención sanitaria especializada sin barreras injustificadas, listas de espera interminables ni desigualdades entre territorios.

La atención sanitaria debe acompañar a las personas, no fiscalizar sus cuerpos ni decidir sobre sus identidades.

Reclamamos recursos suficientes, formación específica de los equipos profesionales y protocolos de atención basados en el respeto, la autonomía y el consentimiento informado.

La despatologización no supone renunciar a la atención sanitaria, sino garantizarla desde un modelo que reconozca la diversidad y elimine cualquier forma de tutela o discriminación.

La escuela pública debe ser un espacio de libertad, convivencia, igualdad y respeto a la diversidad.


Sin embargo, demasiadas personas trans siguen encontrando en los centros educativos situaciones de acoso, invisibilización, cuestionamiento de su identidad y ausencia de apoyos adecuados.

Ningún niño, niña o adolescente debería tener miedo de acudir a clase por ser quien es. Ninguna persona debería verse obligada a ocultar su identidad para sentirse segura.

Desde el Área LGTBIQ+ de la Confederación Intersindical exigimos a las administraciones educativas de todos los territorios que garanticen el respeto a la identidad de género y al nombre elegido por el alumnado trans, la aplicación efectiva de protocolos contra el acoso LGTBIfóbico y la formación específica del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa.

Reclamamos también la incorporación transversal de la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género en los currículos y materiales educativos, así como recursos humanos suficientes para garantizar una atención adecuada al alumnado.

No podemos aceptar que la protección de las personas trans dependa de la sensibilidad individual de cada equipo docente o de la voluntad de cada centro.

La educación inclusiva es una obligación de las administraciones públicas, no una concesión ni una opción ideológica.

Defender la educación pública también significa defender el derecho de todas las personas a aprender, convivir y desarrollarse sin discriminación.

La despatologización no puede quedarse en el ámbito sanitario o educativo. También debe llegar a los centros de trabajo, a la negociación colectiva y a las políticas de empleo.


Las personas trans continúan enfrentándose a obstáculos para acceder al mercado laboral, desarrollar su carrera profesional y disfrutar de condiciones de trabajo dignas.

La discriminación en los procesos de selección, el acoso, el cuestionamiento de la identidad, la vulneración de la intimidad y la falta de protocolos de protección contribuyen a perpetuar situaciones de precariedad y exclusión.

No existe igualdad real cuando una persona puede perder oportunidades laborales, sufrir acoso o ver vulnerados sus derechos por su identidad o expresión de género.

Desde la Confederación Intersindical reivindicamos la incorporación de medidas específicas de protección de las personas trans en la negociación colectiva, los convenios y los planes de igualdad y diversidad.

Exigimos protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación, garantías de respeto a la identidad y al nombre de las personas trabajadoras, protección de sus datos personales y medidas que permitan acceder a la atención sanitaria sin penalizaciones laborales.

Reclamamos también políticas activas de empleo que combatan la exclusión laboral de las personas trans, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La defensa de los derechos LGTBIQ+ no es una cuestión ajena al sindicalismo. Forma parte de la lucha por unas condiciones de trabajo dignas, por la igualdad y contra todas las formas de explotación y discriminación.

Un sindicalismo de clase, feminista y transformador no puede permanecer al margen de la lucha contra la transfobia.

Los avances legislativos en materia de derechos trans y LGTBIQ+ son el resultado de décadas de movilización, organización y resistencia colectiva.


La Ley 4/2023, de 28 de febrero, supuso un avance en el reconocimiento de derechos en el Estado español. Sin embargo, la existencia de leyes no garantiza por sí sola su cumplimiento ni elimina las desigualdades estructurales.

Persisten diferencias territoriales, dificultades administrativas y carencias en los servicios públicos que impiden que muchas personas trans disfruten de una igualdad efectiva.

Desde el Área LGTBIQ+ de la Confederación Intersindical exigimos a todas las administraciones públicas que desarrollen y apliquen la normativa vigente, destinen presupuestos suficientes y garanticen mecanismos eficaces de protección frente a la discriminación.

No queremos campañas institucionales vacías ni declaraciones de apoyo que se olvidan cuando hay que aprobar presupuestos. Queremos derechos efectivos, recursos públicos y responsabilidades políticas.

También rechazamos cualquier intento de recortar, vaciar de contenido o revertir los derechos conquistados.

La igualdad no puede quedar supeditada a los cambios de gobierno ni a las presiones de quienes pretenden imponer un único modelo de identidad, cuerpo o familia.

En este Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, desde el Área LGTBIQ+ de la Confederación Intersindical reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las personas trans y con la construcción de una sociedad libre de transfobia, explotación y desigualdad.

Nuestra lucha es inseparable de la defensa de los servicios públicos, del feminismo, de los derechos laborales y de la justicia social.

Porque no hay libertad real sin condiciones materiales que permitan ejercerla. Porque no basta con reconocer derechos si después se niegan los recursos necesarios para garantizarlos. Y porque la diversidad no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes tienen capacidad económica para sortear las barreras del sistema.

Defender los derechos trans es defender una sociedad en la que nadie tenga que justificar su existencia, esconder su identidad o renunciar a su dignidad para estudiar, trabajar o vivir.

Frente al odio, organización.

Frente a la patologización, autodeterminación.

Frente a la precariedad y la exclusión, derechos laborales y servicios públicos.

Frente a los retrocesos, lucha colectiva.

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