El desahucio de Maricarmen: cuando la especulación rentista y la inacción estatal golpean a la clase trabajadora

Desde la Confederación Intersindical consideramos que el violento desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada tras haber vivido más de siete décadas en su hogar en el barrio madrileño del Retiro, expone sin paños calientes la cruda realidad de la crisis habitacional que asfixia a la clase trabajadora. Su caso no representa un hecho aislado, sino el símbolo de un sistema en el que los intereses de los fondos de inversión priman sobre la vida, la salud y los derechos humanos fundamentales de la población trabajadora y pensionista.

El desahucio de Maricarmen es un fracaso del sistema democrático por las siguientes razones:

• Infracción de los principios constitucionales y de derechos humanos: Aunque la Constitución contempla el derecho a la vivienda, la función social de la propiedad y la obligación de impedir la especulación, el sistema permitió que la búsqueda de rentabilidad económica de un fondo prevaleciera sobre los derechos y la vida de una persona de 87 años en situación de vulnerabilidad.

• Inobservancia de dictámenes internacionales: El Estado no ejecutó las medidas requeridas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que había solicitado frenar el desahucio hasta que existiera una alternativa habitacional.

• Fallo e inacción en los distintos niveles de gobierno:

• • Poder Legislativo: Se tumbaron en el Congreso iniciativas de protección como la moratoria anti desahucios para personas vulnerables.

  • Administraciones autonómica, local y central: Debemos señalar la responsabilidad de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por promover políticas alineadas con especuladores, así como la incapacidad del Gobierno central para activar herramientas eficaces que evitaran el desalojo.

• Deshumanización judicial y respuesta policial desproporcionada: Criticamos un sistema judicial que trata los casos como meros «números de expediente» sin evaluar la realidad humana, acompañado por un operativo policial que empleó un uso de la fuerza calificado como desproporcionado frente a protestas pacíficas.

• Ausencia de alternativa habitacional: A pesar de haber residido 70 años en la vivienda y de terminar ingresada en el hospital tras el desalojo, las administraciones no le aseguraron una solución de vivienda.

La vivienda es un derecho de clase: organización y lucha colectiva

Frente a la alianza entre la especulación y la represión, la única salvaguarda de la clase trabajadora reside en la organización popular y la solidaridad de clase. La vigilia de más de 500 personas y la respuesta masiva convocada por colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos demuestran que la respuesta debe ser colectiva.

Para la Confederación Intersindical la defensa de la vivienda como un derecho inalienable requiere exigir la suspensión inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional, la intervención de los precios del alquiler y la expropiación o uso social de las viviendas en manos de fondos especulativos. La lucha de Maricarmen es la lucha de toda la clase trabajadora por el derecho a vivir con dignidad en nuestros barrios.