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La trampa de la «neutralidad»: el «vigilante» de la ideología en A Coruña

Desde el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) y la Confederación Intersindical denunciamos que la llamada “neutralidad ideológica” en las aulas gallegas no es más que una coartada para imponer una visión conservadora del mundo y silenciar cualquier pensamiento crítico.

No existe educación sin valores. Pretender lo contrario es una maniobra deliberada para expulsar de las aulas discursos incómodos para el poder, como el feminismo, el ecologismo o la defensa de los derechos humanos. Bajo la máscara de la neutralidad se esconde, en realidad, una estrategia de censura y disciplinamiento del profesorado.

El nombramiento de Santiago Freire como jefe territorial de Educación en A Coruña es un ejemplo claro de esta deriva autoritaria. Se pretende hacer pasar por garante de la “neutralidad” a una persona sin experiencia en gestión educativa, con posicionamientos públicos reaccionarios y bajo sospecha por su conducta en la gestión de recursos públicos.

No estamos ante un perfil técnico ni imparcial: estamos ante un instrumento político. Su designación responde a un objetivo evidente: vigilar, intimidar y acotar la libertad de cátedra del profesorado, tratando de erradicar cualquier voz crítica dentro del sistema educativo.

La Xunta utiliza el discurso de la neutralidad para justificar presiones intolerables sobre centros y docentes. Se intenta impedir que en las aulas se aborden conflictos reales y cuestiones de actualidad, incluso cuando forman parte de los valores que el propio currículo obliga a trabajar: la paz, los derechos humanos o el pensamiento crítico.

Mientras se persiguen estas iniciativas, se toleran sin problema otros contenidos claramente ideologizados, lo que evidencia un doble rasero inaceptable. Esta política supone un ataque directo a la libertad de cátedra y a la función social de la educación pública.

Frente a la censura, organización y lucha

Desde la Confederación Intersindical y el STEG llamamos a la comunidad educativa a no ceder ante esta ofensiva y a defender una escuela pública crítica, democrática y comprometida con la realidad social.

Basta de falsa neutralidad: reivindicamos el derecho a educar desde el pensamiento crítico y el pluralismo.

Defensa firme de los derechos humanos: no se puede ser neutral ante la injusticia, la desigualdad o la destrucción ambiental.

Fuera perfiles políticos de la educación: exigimos la dimisión de cargos impuestos por afinidad ideológica y no por competencia profesional.

Más recursos, menos control: necesitamos profesorado, inversión y apoyo a los centros, no figuras de vigilancia.

Movilización sostenida: solo la organización del profesorado y de la clase trabajadora podrá frenar este intento de control ideológico.

La educación pública no puede convertirse en un espacio de silencio. Es, y debe seguir siendo, un lugar para pensar, cuestionar y transformar la realidad.

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