Acuerdo del Gobierno sobre Ley de Vivienda: Nueva decepción

En  relación con el  reciente acuerdo hecho público por   el  Gobierno de  España sobre la  Ley por   el Derecho a  la  Vivienda, desde la  Iniciativa Ley Vivienda (www.iniciativaLeyvivienda.com) -,  plataforma integrada por  más de  120 organizaciones, y una vez  conocido y evaluado el contenido de  la Ley-, sólo podemos expresar nuestra profunda indignación por  el muy corto alcance de  la misma y su  evidente falta de  ambición para solucionar la dramática situación de  emergencia habitacional que sufrimos en  el estado español.

Lejos  de   elaborar  una  ley   que  respetando  las   competencias  autonómicas  establezca  una protección  común del  Derecho  a   la   Vivienda  para  el   conjunto  del    estado ,   las   altamente insuficientes medidas que se  recogen quedan mayoritariamente en  manos de  la voluntad politica de  las CCAA, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya  anunciada por  algunas de ellas y aumentando el riesgo de  discriminación en  función del  lugar de  residencia.

La  Ley elaborada por  el Gobierno no  impide que siga habiendo desahucios sin  alternativa habitacional de   personas  y  familias vulnerables  si   se   superan  los   plazos,  ni   cumple  con  las   obligaciones internacionales de  España en  materia de  Derechos Humanos al  ignorar las  obligaciones derivadas de los  sucesivos dictámenes del  Comité DESC de  Naciones Unidas y  del Tribunal Europeo de  Justicia. Tampoco se  incluye ninguna garantía para los  suministros básicos, los  cuales consideramos imprescindibles a la hora de  hablar de  vivienda digna y adecuada.

La  influencia de  la banca y de  los  fondos buitre se  hace notar especialmente en  el apartado de  Parque público de  Vivienda Protegida, al  renunciar a  movilizar las  decenas de  miles de  casas vacías en manos de  las   entidades financieras rescatadas con dinero público, y  ni  tan   siquiera aquellas bajo control de  la  empresa de  capital público SAREB, de  la  que se  ha  sabido recientemente que se  prevé que deje al  Estado una deuda de  8.000 Millones de  euros. En  definitiva, no  se  prevé ni  se  ataja la emergencia  habitacional  actual  siendo  todo  el   mundo  conscientes  de   la   enorme  carencia  de disponibilidad de  viviendas en  las Administraciones Púbicas.

Pero, además, ante las  comunicaciones y   amenazas de  desahucios de  fondos buitre de  no  renovar contratos de  alquiler y de  la banca de  seguir expoliando vivienda de  los  impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa  real  al   desahucio,  como  ya   regula  la   ley   24/2015  en  Catalunya.  Es   inconcebible:  un gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los  esfuerzos sean compartidos -no  sólo de  la ciudadanía o del  estado- y no  se convierta el sistema en  un  aliado a la especulación.

Nos parece vergonzoso e inaceptable que el  Gobierno pretenda aprobar una Ley por  el  Derecho a la Vivienda que no  garantice la  protección de  un  techo para las  personas sin  hogar. La  propuesta de Ley del  Gobierno no  establece y ni  siquiera impulsa ninguna medida adicional ni  distinta a las  que ya se  vienen aplicando con los  resultados conocidos de  cronificación del  sinhogarismo para las  más de 32.000 personas que ahora se encuentran en  esta situación.

Incluso la  medida estrella del  Gobierno para esta Ley nace estrellada. La  regulación de  alquileres que se  propone es totalmente infeficiente: deja fuera a la  mayoría de  inquilinos al  dejar a voluntad de  los  gobernantes autonómicos su  aplicación en  lugar de  fijar condiciones objetivas y, en  los  casos en que la  Comunidad Autónoma pidiese al  Estado aplicar la  regulación, los  municipios lo  tendrían muy difícil para obtener el  permiso dada la  dificultad para demostrar que se  cumplen los  requisitos que se establecen debido a la inexistencia de  datos a nivel municipal. La  Ley del  Gobierno no  contrarresta las brutales subidas del  alquiler de  los  últimos años, y se  centra en  la posibilidad de  acogerse a prórrogas anuales manteniendo el  mismo precio y  condiciones, condenando a  los   inquilinos a  una situación incierta y asfixiante. Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los  especuladores de  la  vivienda ampliando la  deducción a los  arrendadores del  60% al  90% si  aplican una ridícula reducción del  alquiler del  5%, contra el  criterio de  la  autoridad fiscal (AIReF), que ya  ha  dicho que este tipo de  medida beneficia a las  rentas altas y perjudica a las  bajas. Es  más, Hacienda no  está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el  precio para tener más beneficios fiscales lo ha  hecho de  verdad.

Por  otra parte, si queremos aprender alguna cosa de  las  crisis sufridas y mirar esperanzados al futuro, hace falta incorporar mecanismos que eviten el  sobreendeudamiento de  las  familias, incorporando  la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de  la segunda oportunidad.

La  participación ciudadana en  la elaboración de  las  políticas de  vivienda y urbanismo, que ha  estado ausente a lo largo del proceso de  elaboración de  la Ley ignorando absolutamente las  reivindicaciones y propuestas de  los   colectivos de  afectados, continúa ausente también en  la  Ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la  especulación y  la  cultura de  la corrupción urbanística y  el  ladrillazo que tanto gusta a algunos dirigentes.

Es  difícil de  entender que la  Ministra Ione Belarra y la  vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley  es  “poco ambiciosa y no  les  gusta” pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de  garantía del Derecho a  la  vivienda digna y  adecuada que registraron en  el  Congreso sólo 5  días antes junto con otros 8 partidos políticos, para firmar deprisa y corriendo un  acuerdo que ni  garantiza el  Derecho a la Vivienda ni se vislumbra como solución del  drama de  vivienda que sufre nuestro país.

Desde la  Iniciativa Ley Vivienda exigimos al  Gobierno que recapaciten y  retrasen el  paso del Proyecto de   Ley por el Consejo de   Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el  Derecho a  la  Vivienda, y  pedimos a todos los  partidos que avalaron con su  firma el registro de  nuestra ley  que sigan respaldándola, tanto impulsando y  apoyando su pase al  Pleno del Congreso, como confrontando al Gobierno y enmendando el texto que propone tramitar.

No  vamos a detenernos hasta conquistar el derecho a la vivienda